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Etica y Transparencia AmCham
Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparency Internacional, fue presentada por el CEO de la AmCham, Alejandro Díaz.

Cómo la tecnología puede contribuir a una mayor transparencia en el sector público y el ámbito corporativo fue uno de los principales ejes de la segunda jornada del Ethics & Transparency Forum organizado por el Instituto de Ética y Transparencia de AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. El evento reunió en forma virtual a profesionales de la industria junto a reconocidos expertos locales e internacionales, para compartir buenas prácticas, conocimientos y sus perspectivas acerca de cómo consolidar los procesos de integridad en el escenario post pandemia.

Abrió la lista de expositores Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional (TI), quien desde Berlín (Alemania) planteó una serie de interrogantes sobre el uso que se le da a la tecnología. “La clave es cómo se la usa, no la herramienta en sí”, destacó. Y alertó sobre su “poder creciente”, que puede ser bien o mal utilizado. “Puede ser útil para la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia, pero también para un menor respeto de derechos y más avances sobre las libertades ciudadanas, al incrementar la vigilancia tecnológica y poner en riesgo la protección de los datos personales», opinó.

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La argentina Ferreira Rubio, quien fue reelecta al frente de TI la semana pasada por otros tres años, participó desde Berlín.

La reconocida abogada y experta en la lucha contra la corrupción sostuvo que en “en el sector público la tecnología puede ser utilizada positivamente para prevenir y detectar casos de corrupción; en el poder judicial y los órganos de control, también puede ser utilizadas para facilitar su tarea; y en el sector corporativo, para la detección de patrones de conductas vinculadas a la de corrupción, un mejor análisis de riesgos de posible corrupción y la detección de patrones de conducta, que pueden dar lugar a fraudes”.

Sin embargo, Ferreira Rubio -quien fue reelecta al frente de TI la semana pasada por otros tres años- alertó que “también usa la tecnología el crimen organizado para facilitar la distribución y circulación del dinero ilícito. Y la utilizan algunos estados para vigilar a los ciudadanos, a una minoría o a la oposición, o para tomar decisiones políticas o asignación de subsidios o derechos que no están siendo operados con un nivel de igualdad y respeto a los derechos de los ciudadanos. Pero como lo ‘decide la computadora’, aparece como más razonable”.

No obstante, destacó que la digitalización de la burocracia “puede contribuir a reducir los espacios entre el ciudadano y el funcionario en los cuales se da la oportunidad de pedir una coima. La resolución automática del pedido a través de mecanismos de digitalización puede reducir la ocasión del pedido de un pago por algo a lo que el ciudadano tiene derecho a acceder. También se puede reducir el margen de discrecionalidad si la decisión va a ser automática, siempre y cuando la regla que produce la decisión sea una regla no sesgada”.

Resaltó el uso de la tecnología para transparentar las compras públicas en la emergencia, aunque señaló que “nadie puede implementar un sistema transparente, si no lo tenía ya implementado. Los países que lo tenían y lo usaron, fue positivo. En algunos países como el nuestro, dijeron ‘no, como estamos en emergencia volvamos al papel y al lápiz, y el expediente tradicional’”.

Como co-presidente del Global Council sobre Anticorrupción del Foro Económico de Davos, recordó un análisis que realizaron con el sector empresario para generar una agenda con vistas al 2030 que llamaron “Desde el compliance a la integridad”. Y así lo explicó: “Uno de los pilares es el uso que se puede hacer de la tecnología para facilitar la integridad mas allá del cumplimiento, hacia una visión del public value en las empresas. La tecnología ha permitido en muchas empresas pasar de un compliance reactivo a uno más efectivo en la prevención y detección, y análisis de inteligencia, en la minería de datos cuando se trata de los reportes de fraude o corrupción para analizar patrones que faciliten la tarea. También puede facilitar la debida diligencia en el sector corporativo”.

Ferreira Rubio mencionó, además, que el uso de la tecnología por parte las empresas puede facilitar información a los ciudadanos, por ejemplo, en materia de beneficiario finales o de financiamiento político, aunque advirtió que depende de la regulación existente y de «la voluntad de las empresas”.

Sobre el final de su exposición, advirtió que “el COVID-19 aceleró, a la par de la digitalización, muchas de las tendencias que se observaban en el mundo. La tendencia al populismo, al autoritarismo, a la concentración de poder, a la reducción del espacio de la sociedad civil, a la vigilancia sobre los ciudadanos y las restricciones a la libertad de prensa. El problema con la tecnología es la regulación”. Y al respecto, señaló: «Hay dos modelos, uno auto-regulado, privatizado, con algunas plataformas regulando el discurso político y tratando de chequear fake information. Estos estándares fueron fijados por ‘las 5 grandes’ (empresas tecnológicas) que implementan esas medidas, que funcionan como un administrador no elegido. El otro es el de control estatal total, como en China o en Turquía”.

Controles y concientización

A continuación, Julio Bacio Terracino, jefe interino de la División de Integridad del Sector Público de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), desde París, coincidió en que con la pandemia, “se intensificaron los riesgos de corrupción ante la necesidad de una respuesta inmediata, en compras públicas, fraudes y la especulación de precios. Fraudes para mantener la economía a flote, beneficios gubernamentales que se dieron al desempleo, por ejemplo en Europa, donde hubo muchos casos de fraude de personas físicas o jurídicas que han abusado de esos sistemas. Y esto se debe a que los controles fueron eliminados en su totalidad”.

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Julio Bacio Terracino, jefe interino de la División de Integridad del Sector Público de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Para este experto, “se incrementan los riesgos de corrupción en el gobierno por tres razones: la presión financiera; la oportunidad de menos controles; y la racionalización de que debido a las crisis, podemos incurrir en ciertos actos de corrupción. Todo esto lleva a que haya más corrupción”.

Según Bacio Terracino “para lograr controles más eficientes, hay que usar contratos marco, aumentar la transparencia, reforzar las auditorías, tanto externas como internas, y establecer órganos especializados ad hoc de vigilancia para hacer un seguimiento”. Sin embargo, opinó que no se trata solo de incrementar los controles, sino de «incrementar la concientización de las personas públicas”.

Luego se refirió a los riesgos relacionados con las medidas económicas a más a largo plazo. “En todo el mundo ya se ha comenzado a diseñar las medidas económicas para reactivar la economía. Algunos intereses privados hacen lobby para beneficiarse, y a veces usan mecanismos poco éticos, prácticas indebidas. El lobby es legítimo pero debe realizarse con la mayor transparencia e integridad”.

Por último, consideró que “las herramientas tecnológicas aumentaron el escrutinio ciudadano, por lo que debe ser interés de los gobiernos y las empresas actuar con mayor integridad”.

La experiencia de Perú

A su turno, Eduardo Herrera Velarde, abogado y director Ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción Perú, habló de la experiencia en su país, aún conmocionado por la destitución por parte del Congreso de su presidente, Martín Vizcarra, hace dos días por presunta “incapacidad moral”.

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Eduardo Herrera Velarde, abogado y director Ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción Perú.

“Los conceptos de ética, moral y transparencia son bastante relativos en Perú y en toda Sudamérica”, opinó. Y agregó: “La solidaridad ha sido ensalzada en esta época de pandemia, y la gente la ha valorado. Pero no hemos avanzado mucho en la ética, nos hemos dejado ganar por la indignación y la cólera de la población”.

Y en ese sentido, Herrera Velarde consideró que “la ética no ha sido asimilada por el empresario peruano como un tema rentable, si no por el contrario como un tema naif. Las escuelas de management se están enfocando mucho en productividad y no en aspectos como la ética”.

En cuanto a la transparencia, planteó: “¿Es una facultad o un deber? En principio no nos gusta cuando es propia, nos gusta cuando se relaciona con otra persona. La transparencia, hablando del empresariado, es un tema que molesta mucho. Muchos la ven como un asunto que obstaculiza la actividad propia”.

“Es obvio que el Estado tiene que ser transparente porque maneja dinero público”, señaló. Y en cuanto a las empresas, “la transparencia tiene que ver con una asunto de legitimidad. Tienen que mostrar que tienen una actividad coherente, que tienen lucha decidida contra la corrupción y que es ético en lo que hacen. Es un camino que hay que recorrer.”.

Herramientas para la anticipación

A su turno, Facundo Azurmendi, miembro del Board y tesorero de Asociation of Corporate Counsel (ACC), una organización internacional de abogados internos de empresas, con un capítulo argentino, habló del objetivo de esta entidad: dotar de herramientas a los abogados para implementar programas de compliance efectivos en las empresas.

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Ramiro Cabrero, presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) y Facundo Azurmendi, miembro del Board y tesorero de Asociation of Corporate Counsel (ACC).

Por su parte, en el mismo panel, Ramiro Cabrero, presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC), contó que la entidad “busca multiplicar la voz de la transparencia”. Y en ese sentido, destacó el valor de encuentros como el organizado por la AmCham. “La problemática de la corrupción es tan global como dinámica, y necesitamos poder compartir estas experiencias, ya sea que uno esté trabajando en Argentina, como en América Latina, Medio oriente o Asia. Las formas que uno va viendo, tienen mucho en común y las herramientas para combatirla, también. Estas charlas son esenciales para estar un paso adelante en materia de transparencia, para anticiparnos”.

Impacto de la tecnología en la Justicia

En el panel referido a la Justicia, Sergio Barroto, juez del Tribunal Superior de Rio Negro, y María Soledad Gennari, vocal del mismo órgano en el Poder Judicial de Neuquén se refirieron al “impacto de la tecnología en un sistema de justicia transparente”.

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Sergio Barroto, juez del Tribunal Superior de Rio Negro, y María Soledad Gennari, vocal del mismo órgano en el Poder Judicial de Neuquén.

Barroto contó que desde el Poder Judicial rionegrino recurrieron a las tecnologías de la información y la comunicación social para “cumplir con la obligación de darle máxima difusión y acceso a toda la información posible a la ciudadanía».

Mencionó que la página web del Poder Judicial de esa provincia es su principal herramienta. “En épocas de normalidad, en un año normal como 2019, teníamos un promedio mensual 1,4 millones. En el último mes de agosto, tuvimos 2,6 millones. La herramienta tecnológica fue clave”, precisó.

“Todas los trámites de contrataciones que lleva el Poder Judicial son públicos, para que cualquiera pueda visitar los expedientes de adjudicación y el control de las obras públicas. También todos los expedientes judiciales, salvo reserva dispuesta por el juez, son públicos para todos los interesados. Esto implica un doble control: el ciudadano puede controlar al juez y su propio abogado”.

También son públicos, contó, los concursos de ingresos de empleados y funcionarios judiciales, y la página web cuenta con un sistema de estadística con datos abiertos. “La única forma de ver cómo se emplean los recursos públicos, es midiendo”. Por último, enfatizó que quería transmitir que “hay otro modelo de Poder Judicial en la Argentina, no solo el que sale en los grandes medios, no solo es Comodoro Py”.

Su colega del Tribunal Superior de Neuquén también mencionó que el portal del Poder Judicial de esa provincia incluye, a su vez, estadísticas y publica toda la actividad jurisdiccional. “Los datos son muy importantes para saber qué servicio de Justicia tenemos. Es importante transparentar cómo construimos estas estadísticas. Tenemos publicado también todo lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria, los concursos, y los resultados. En el TSJ de Neuquén trabajamos en mostrar”, sostuvo Gennari.

El desafío de la eficacia

El seminario fue cerrado con la exposición de Martim Della Valle, fundador de Zenith Source y ex miembro del Board de Transparencia Internacional en Bélgica, quien hizo su presentación desde Brasil.

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Martim Della Valle, fundador de Zenith Source y ex miembro del Board de Transparencia Internacional en Bélgica.

Para Della Valle, el “mayor desafío de la compliance actual es la eficacia”. Y en ese sentido, señaló: “La tecnología puede llevarnos a grandes alturas y mejoras exponenciales solo si los procesos son los adecuados, si son efectivos”.

Según este experto, “no existe un programa de compliance genérico, todo programa de cumplimiento tiene que basarse en un riguroso ejercicio de análisis de riesgo. El perfil de riesgo de una empresa de servicios públicos es completamente diferente al de una fabricante de productos alimenticios. No hay un programa único que se adapte a todos”.

También consideró que “hay una correlación entre el perfil de riesgo, los procesos adecuados para manejar los riesgos, la implementación adecuada y actualización periódica”.

Instó a preguntarse si el mayor gasto de recursos en compliance, implicó obtener mejores resultados. “Podemos usar la tecnología para que todas las transacciones puedan ser monitoreadas por medio de algoritmos para detectar corrupción. Por ejemplo, en todos los pagos de una empresa”. Y explicó que existen una serie de indicadores de fraude o corrupción a través del rastreo de palabras claves, tales como “urgencia, autoridad, gratificación, bonificación, facilitación”, entre otras. “Siempre hay que medir los resultados, con un monitoreo permanente”, concluyó.

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