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El presidente Alberto Fernández y Daniel Rafecas
El presidente Alberto Fernández y Daniel Rafecas

Los pasillos de la Justicia en Argentina son laberínticos y, a diferencia de lo que escribiera Leopoldo Marechal, no resulta posible, eso al menos es lo que parece, salir de ese enjambre confuso y opaco “por arriba”. Demasiados años de discrecionalidad corporativa, de paciente construcción destinada, en muchos casos, a sostener la percepción pública de una justicia lejana y arbitraria que no ha dejado de poblar de pobres las cárceles del país.

En definitiva, la persistencia de una justicia de clase que ha sabido construir puertas giratorias que les permiten a los poderosos entrar y salir sin inconvenientes. Una justicia siempre sospechada de favorecer a quienes tienen la capacidad para presionar o que simplemente se mueven en “los mismos ambientes” que suelen transitar muchos de los y las jueces encargados de “impartir” justicia con la objetividad e independencia indispensables. Desde hace mucho tiempo, un tiempo extendido a varias generaciones de argentinos y argentinas, que algo “huele mal en Dinamarca”.

De ahí que se vuelva fundamental avanzar en una profunda transformación del sistema judicial argentino. Transformación a la que se oponen, como no podría ser de otra manera, los poderes reales que desde siempre se han beneficiado con esa doble vara con la que ha sabido moverse una parte no menor del aparato encargado supuestamente de impartir justicia en el país.

En ese “castillo kafkiano”, sin embargo, también hubo acontecimientos memorables que dignificaron la búsqueda insaciable de justicia en el interior de una sociedad descreída. Tal vez, el máximo exponente de esa historia a contrapelo haya sido el histórico juicio a las juntas de comandantes de la última dictadura militar. La decisión trascendental que en su momento tomó Raúl Alfonsín, en años donde todavía se podía sentir el aliento en la nuca de los esbirros del Terrorismo de Estado, constituyó un parte aguas que, en gran medida, hizo posible la consolidación de la democracia en un país, el nuestro, que venía de la más aterradora de las experiencias que pudo haber vivido una sociedad.

Esa decisión de Alfonsín, apoyada en y por la lucha inclaudicable de los movimientos de derechos humanos con las madres y abuelas a la cabeza, le permitió a la justicia reparar, aunque sólo en parte, sus complicidades con la dictadura e hizo de nuestro país un ejemplo universal e inédito que sigue marcando a fuego nuestra travesía como nación.

Después llegarían las leyes de impunidad con las que el propio Alfonsín opacó su decisión histórica y, más adelante, los indultos promovidos por Carlos Menem como prenda a la supuesta “unidad nacional y a la pacificación del país”. Néstor Kirchner, un reparador de nuestra historia de impunidades, habilitó un nuevo tiempo en el que se derogaron esas leyes y se dejaron sin efecto los indultos a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Una nueva bocanada de aire fresco, un nuevo sentido de justicia recorrió el país que, ahora sí, sintió que era posible terminar con la impunidad.

Esteban “el Bebe” Righi fue el Procurador General de la Nación que, a partir del año 2004, sostuvo, con su prestigio y convicción, la reapertura de los juicios de lesa humanidad que le terminarían de dar a Argentina ese lugar insólito, pero extraordinario y memorable, que en el concierto de las naciones alcanzó como exponente de la más democrática y valiente decisión de llevar hasta sus últimas consecuencias el juzgamiento de los genocidas. “Verdad, memoria y justicia” se convirtieron ya no en el santo y seña de un grupo de conjurados dispuestos a luchar contra viento y marea, sino en la mejor tradición que recorrió la vida nacional y le dio a nuestra justicia una oportunidad única para reparar sus complicidades, sus opacidades y sus arbitrariedades.

Uno de los jueces que expresó la vitalidad y consecuencia de esta decisión histórica tomada por el gobierno de Néstor Kirchner, del cual Alberto Fernández era su jefe de gabinete, fue Daniel Rafecas, alguien tocado por esa decisión y dispuesto a llevar adelante, con todos los instrumentos legales y democráticos de la Constitución, los juicios capaces de terminar con la impunidad de los genocidas. Inevitablemente la experiencia conmovedora que supone descender al infierno del Terrorismo de Estado condujo a Rafecas a una investigación que fue más allá de nuestros campos de concentración buscando ese hilo oscuro e infame que vincula la lógica de la desaparición forzosa de personas con esa experiencia diabólica e inédita, en su momento, que fue la Solución Final diseñada por el régimen nazi para exterminar a millones de seres humanos (gran parte de la población judía europea, gitanos, homosexuales, débiles mentales, opositores políticos).

El juez que llevó adelante la “Megacausa del Primer Cuerpo de Ejército” por la que desfilaron, entre otros, Videla, Bignone, Suárez Mason, Etchecolaz y Guglielminetti, se dedicó, a su vez, a investigar la arquitectura diseñada por el nazismo. Esa investigación concienzuda terminó en su libro “Historia de la Solución final. Una indagación de las etapas que llevaron al exterminio de los judíos europeos” (2012). Pero también, su labor como juez, le mostró otra zona infernal del sistema penitenciario argentino y, esa experiencia, lo llevó a escribir otro libro: “La tortura y otras prácticas ilegales a detenidos: su reflejo en el código penal argentino” (2010).

Aunque sólo fuera por estos antecedentes ya valdría la pena que alguien como el juez Daniel Rafecas sea nombrado al frente de los fiscales de la Nación. Nuestra justicia, tan vulnerada, sería un poco mejor.

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