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Defensoría de Buenos Aires en la clausura del zoo de Luján
El viceministro de Medio Ambiente, Sergio Federovisky, aseguró que «las autoridades del zoo incurren en incumplimientos desafiantes» de las normas en cuanto al trato con los animales en el marco de la clausura del establecimiento

El Juzgado Federal de Mercedes aceptó que el organismo que conduce Guido Lorenzino pueda formar parte del proceso por el que se investiga a los responsables de la firma Reserva Zoo Luján SRL por los casos de maltrato animal registrados en ese lugar durante los últimos allanamientos.

De esa manera, la Defensoría del Pueblo bonaerense será querellante en la causa contra los propietarios de ese zoológico que se inició luego de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación los denunciara penalmente por la presunta comisión de los delitos relacionados al maltrato y la crueldad contra los animales.

“Este maltrato es la base sobre la que estaba montado el modelo de negocios del Zoo de Luján. Debemos avanzar hacia una sociedad que respete a los animales y que castigue a quienes no lo hacen”, expresó Lorenzino sobre la decisión de la Justicia que investiga violaciones a las leyes nacionales de Conservación de Fauna, N° 22.421, y la N° 14.346 que pena los malos tratos y actos de crueldad a los animales.

Por su parte, Jerónimo Guerrero Iraola, abogado de la Defensoría y patrocinante en la causa, le explicó a Infobae la importancia que tiene para el organismo poder ser querellante en esta causa: “Siendo parte podremos tener información de primera mano, ser parte la estrategia procesal y colaborar como acusación privada en todo lo concerniente al bienestar animal y obviamente en lo que atañe a la determinación de las eventuales responsabilidades penales de quienes se están investigando”.

allanamiento zoo Luján
Guido Lorenzino, defensor del pueblo: “Debemos avanzar hacia una sociedad que respete a los animales y que castigue a quienes no lo hacen”

Guerrero Iraola señaló que “la Ley 12.238/98, que rige el funcionamiento de los zoológicos, es clara sobre qué debe pasar cuando hay una revocación de habilitación respecto al deber de guarda de los animales, las condiciones y estándares esperables. Es decir, hay una responsabilidad por parte de los dueños del predio y del emprendimiento que cae exclusivamente en cabeza de ellos y que tiene que ver con que son responsables del bienestar de los animales. No obstante en el marco de la causa empezaremos a evaluar alternativas porque sabemos que, y en esto hay que ser bien coherentes, no es lo ideal que los animales estén en ese ámbito. Eso está previsto en la norma y hay que ir respetando los diversos y sucesivos pasos procesales”.

Tras evacuar las grandes dudas, el abogado llevó calma: “Actualmente todos los animales están siendo alimentados y debidamente custodiados. Si algo les sucediera serán responsables las personas, esperamos que no pase nada porque ello significaría que los animales estuvieron en peligro o que recibieron prácticas que le generaron sufrimiento”.

El camino que habilitó a la Defensoría a ser querella en la causa contra los dueños del Zoo de Luján

Defensoría de Buenos Aires en la clausura del zoo de Luján
El 27 de agosto se realizó una inspección al Zoo, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, donde se clausuró algunas de las jaulas de las áreas del establecimiento. Al día siguiente, intimaron a la empresa a que presentara un plan de adecuación

El organismo que encabeza Guido Lorenzino será parte de la causa que se inició contra los dueños del predio que exhibe a más de 74 leones y gran cantidad de tigres y una elefanta, entre otras especies, y que desde hace años es señalado por maltrato animal y otros casos de crueldad que están siendo investigados por la Justicia.

Fueron las reiteradas denuncias de los vecinos y grupos proteccionistas las que alertaron sobre la situación que allí sucedía y que quedó plasmada en 2019 mediante una petición virtual de la plataforma Change.org que pedía por su cierre definitivo y que alcanzó las 300 mil firmas al momento de su presentación ante la Defensoría.

Tomando nota y decidido a ser parte del cambio que la sociedad reclama desde hace años, a instancias del defensor Guido Lorenzino, un equipo de esa entidad comenzó su actuación de oficio y llegó al predio de Luján (conocido a nivel mundial por permitir que los visitantes ingresen a fotografiarse montados en los lomos de los leones) y constató aquellas acusaciones.

“Luego de recibir las firmas nos reunimos con Fauna y nos interiorizamos respecto a los términos de la Ley de zoológicos; una vez que terminó esa reunión elevamos un pedido de informe que fue respondido una semana después. Con ese informe en mano, que daba cuenta del listado e inventario de animales que tenían en el zoológicos, en agosto de 2019 realizamos una inspección medio encubierta porque con un compañero de la Defensoría nos hicimos pasar por turistas y pudimos ver todos los incumplimientos normativos y regulatorios que había: desde el contacto de las personas con los animales en el interior de las jaulas hasta el hacinamiento y las condiciones terribles en la que estaban alojados”, le contó Guerrero Iraola a Infobae.

El 14 de septiembre se dispuso la clausura preventiva del establecimiento mediante un procedimiento que contó con la presencia de esa Defensoría del Pueblo, de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (Defensoría de Buenos Aires)
El 14 de septiembre se dispuso la clausura preventiva del establecimiento mediante un procedimiento que contó con la presencia de esa Defensoría del Pueblo, de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (Defensoría de Buenos Aires)

Allí pudieron corroborar, luego de la contestación del informe de Fauna provincia, que había un modelo de incumplimiento normativo reiterado por lo que pidieron el cese de la habilitación de esa área provincial aunque el poder sancionatorio, por la ley de zoológico, lo tiene la Justicia de Faltas Municipales. “Pedimos la revocación de la habilitación entendiendo que no se puede habilitar un espacio comercial cuyo objeto está basado en un sistema de crueldad animal y es contrario a la Constitución y los instrumentos internacionales que rigen la materia”, explicó el letrado.

En esa instancia comenzaron una línea que derivó en una mesa de trabajo en el Municipio de Luján y desde la Defensoría pidieron a Jorge Semino que presentara un plan de readecuación del zoológico que también atienda cuestiones estructurales como las castraciones de animales para que no sigan reproduciéndose y que contemplaran la posibilidad de evitar que los animales silvestres y exóticos estuvieran en medio de la Pampa húmeda.

“Frente a eso no tuvimos respuesta y enviamos una intimación. Allí comenzó a jugar el Ministerio de Ambiente de la Nación, que ya había estado en aquella reunión en Luján, y que realizó una inspección en febrero de este año clausurando cuatro jaulas por infringir la ley 12.238, que prohíbe el contacto de personas con animales», resumió el funcionario.

Durante 2020 realizaron dos inspecciones. “El resultado de la primera derivó en dos clausuras preventivas y en esta instancia no sólo se generó un allanamiento y una clausura sino que Ambiente presentó una denuncia penal por un sistema de maltrato animal e inobservancia de leyes nacionales contra Jorge Semino y contra las autoridades de la sociedad que controla el zoológico de Luján, y nosotros nos presentamos como querellantes”, contó el funcionario.

“Abocado al fondo de la cuestión debatida, el examen conjunto de las actuaciones y de los argumentos introducidos por el peticionante, permite concluir que más allá del estado embrionario de la presente investigación, resulta procedente la legitimación que se pretende”, argumenta la Justicia sobre el pedido de la Defensoría de ser parte de la causa. “Resulta innegable que una de las conductas objeto de investigación resulta ser la posible infracción a la ley 14.436, donde se establecen penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales, extremos estos que abarcaran la presente investigación en curso”, termina la notificación.

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