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Toma de terrenos en Guernica foto Drone
Un proyecto en Mendoza impedirá a quienes usurpen tierras acceder a beneficios sociales

El Senado de Mendoza convirtió en ley el proyecto que establece que quienes usurpen tierras no podrán acceder a beneficios sociales. La propuesta, que ya tenía sanción en la Cámara baja, había sido presentada por el diputado Jorge Difonso y fue remitida al Ejecutivo provincial para su promulgación. De esta manera, las personas que participen de las toma de tierras no podrán ser beneficiarios de planes sociales, programas de vivienda, ni subsidios otorgados por el gobierno mendocino.

El texto, aprobado con 19 votos positivos, 14 negativos y tres abstenciones, dispone, entre otros puntos, como requisito “para el otorgamiento de beneficios de planes sociales, subsidios de cualquier tipo, o programas de vivienda emanados del Instituto Provincial de la Vivienda, no encontrarse condenado por alguno de los delitos previstos en el Capítulo VI, del Título VI, del Libro II del Código Penal (Usurpación), mientras dure su condena”.

A su vez, establece que en todos los casos en que el Poder Ejecutivo o cualquier dependencia del Estado disponga la entrega de subsidios de cualquier tipo y/o beneficios a entidades comerciales, productivas o prestadoras de servicios, previo a hacer efectivo el mismo, deberá el beneficiario acreditar la inexistencia por parte de sus titulares y/o administradores de condenas por esos delitos.

En diálogo con la prensa local, el diputado Difonso indicó que “el proyecto concretamente establece que aquellas personas que están en el delito de usurpación no pueden acceder a los beneficios del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) por sobre otras personas que están haciendo los trámites normales; el Estado no puede estar financiando este tipo de actividades ilícitas”.

El Senado de Mendoza aprobó el proyecto con 19 votos positivos, 14 negativos y tres abstenciones
El Senado de Mendoza aprobó el proyecto con 19 votos positivos, 14 negativos y tres abstenciones ((Twitter: @senadomendoza)/)

Por su parte, la senadora Cecilia Juri (Frente de Todos -PJ) expresó su oposición a la iniciativa porque “en vez de ampliar derechos y buscar soluciones a problemas estructurales de los mendocinos se elige avanzar con una iniciativa que tiene una visión sesgada, alejada de la realidad y netamente punitiva”.

“Ni en los fundamentos ni el objeto se mencionan los problemas estructurales que tiene nuestra provincia en relación a la posibilidad de acceso a una vivienda digna”, agregó la legisladora.

Por otro lado, el senador radical Juan Carlos Jaliff defendió el proyecto al indicar que se busca que “aquellos miles de mendocinos que no usurpan y que no cometen ningún delito tengan una situación diferente respecto de la ayuda del Estado”.

Respecto al resto de las votaciones, Lautaro Jiménez del Frente de Izquierda, se manifestó en contra, mientras Andrea Blandini y Ernesto Mancinelli expusieron también su rechazo a la propuesta. Desde el bloque Socialista, Fernando Alin expresó su desacuerdo y el senador Héctor Bonarrico se abstuvo de votar.

Mendoza es una de las provincias que sufre la ocupación ilegal de tierras. Días atrás, un centenar de personas ocupó un espacio perteneciente a una bodega, ubicada en Luján de Cuyo. Sin embargo, un grupo especial destinado a evitar o intervenir ante estos delitos, actuó rápidamente y liberó el lugar.

Por otra parte, ayer, la discusión por la usurpación de tierras también tuvo impacto en el Congreso de la Nación. En este caso, el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto de ley con el que se busca dotar de herramientas para que la justicia pueda dictaminar sobre una toma en menos de 72 horas.

La iniciativa de los diputados nacionales Lidia Ascárate y José Cano apunta a garantizar el derecho a la propiedad privada en esa cantidad de tiempo para todos los casos de intrusión o usurpación. Fue presentada con el apoyo de una veintena de diputados del Bloque Radical en la Cámara baja y busca dotar a los jueces de herramientas que otorguen mayor rapidez a la hora de resolver cualquier situación en la cual se pongan en riesgo las garantías y el derecho a la propiedad privada.

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