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Alberto F, Cafiero y Wado de Pedro
Edurdo de Pedro, Alberto Fernández y Santiago Cafiero

Alberto Fernández heredó de Néstor Kirchner la habilidad para intercalar política electoral con obra pública para su beneficio y ahora su gobierno apunta a desplegar una clara estrategia que emula aquel sello administrativo: el financiamiento nacional de proyectos y el nexo directo con los gobernadores y los intendentes de cara a los comicios legislativos de 2021.

Tres pilares centrales del Gobierno conforman este esquema para reforzar la liga de gobernadores y jefes comunales. El Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis; el de Interior con Eduardo de Pedro y el de Desarrollo Territorial y Hábitat, con el flamante ministro Jorge Ferraresi.

La estrategia definida desde el vértice del poder y apuntalada por estos tres ministros busca mantener un vínculo directo con los mandatarios provinciales y las intendencias para desplegar la obra pública bajo el monitoreo de la Casa Rosada aunque con libertad de acción para su ejecución en cada distrito.

En paralelo a esto se busca dar un respiro a los gobernadores con un acuerdo fiscal que se firmará la semana que viene para que después de la crisis desatada por la pandemia covid-19 puedan encarar un 2021 con financiamiento nacional, libertad de acción en materia impositiva local y giro de fondos frescos.

El refuerzo de la liga de gobernadores e intendentes encuentra en la Casa Rosada la necesidad de tener aceitados los canales políticos para el año que viene. La campaña electoral Alberto Fernández deberá contar con un fuerte respaldo a su gestión en unos comicios clave para mantener las mayorías parlamentarias.

La llegada de Ferraresi a la Casa Rosada viene a reforzar este esquema. El ex intendente de Avellaneda expresó en declaraciones a Infobae, tras jurar como ministro, que siempre crayó en una fortaleza en los tres niveles de gobierno, local, provincial y nacional. “Eso es lo que vamos a poner en práctica. Trabajar en esa estructura, poniendo a todos en el mismo sentido y sumar en una sinergia a todos”, dijo.

La puesta en escena del acto de jura con Alberto Fernández y la presencia de 29 intendentes del conurbano bonaerense fue la muestra clara del nuevo perfil que buscará darle Ferraresi al Ministerio de Desarrollo Territorial que dejó María Eugenia Bielsa. Esto es: una fuerte impronta en la descentralización de la obra pública para la ejecución por parte de los jefes comunales y una llegada directa al territorio.

No es casual que Ferraresi haya puesto como su segundo en el Ministerio a otro jefe comunal como es el ex intendente de Navarro, Santiago Maggiotti, y decidió mantener a uno de los hombres que más sabe de política de vivienda en la provincia de Buenos Aires: Luciano Escatolini, ex secretario de Daniel Scioli en la gobernación bonaerense.

Para el martes que viene Ferraresi convocó a un encuentro con más de una veintena de intendentes de la primera y tercera sección electoral del conurbano bonaerense para explicarles de manera directa los planes que tiene en su Ministerio. Ya adelantó a varios jefes comunales la idea de relanzar 55.000 obras de viviendas sociales que estaban paralizadas desde el 2015. Así, buscará sanear esas construcciones y acelerar los trámites de escrituración.

Con un presupuesto de $129.000 millones para el año que viene, Ferraresi habló de poner en marcha un plan de viviendas entre el 2021 y el 2022 para la construcción de 110.000 casas para los sectores vulnerables y la aceleración del plan Procrear con unas 8.200 viviendas.

“Ferraresi sabe que los intendentes necesitamos las obras de vivienda como nadie y que el trato directo con nosotros es fundamental para el armado político electoral”, se sinceró ante Infobae un intendente de la Tercera Sección electoral que conoce muy bien al nuevo ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. En la práctica esto implicará que los intendentes ejecuten las obras de vivienda monitoreadas por Ferraresi.

Con esto el Gobierno cumple un doble objetivo: le otorga poder territorial a los jefes comunales y al mismo tiempo logra dar solución al problema de la toma de tierras que golpea fuerte en la provincia de Buenos Aires. La situación de tensión social en Buenos Aires fue eje de conversación entre Ferraresi y el gobernador Axel Kicillof la semana pasada en función de las 97 usurpaciones y casi mil hectáreas ocupadas en 25 municipios.

Mapa Obras publicas 2

Acuerdo fiscal y obras

Katopodis, quien también fue intendente de San Martín, mantiene una lógica de gestión similar a la de Ferraresi desde el Ministerio de Obras Públicas aunque establece una mayor llegada a los gobernadores.

Con una inversión actual de $450.000 millones, Katopodis lleva adelante la ejecución de un total de 627 obras en la CABA y las provincias. También desplegó una “Red Sanitaria Federal” con $14.515 millones y 119 intervenciones en 23 provincias y la CABA en la construcción de 12 Hospitales Modulares de Emergencia para la pandemia. Y desde abril de 2020, reactivó 270 obras que se encontraban paralizadas. El Plan Argentina Hace le permite a Katopodis llegar a unos 609 municipios mediante proyectos de ejecución rápida para obras de consolidación barrial, equipamiento social, infraestructura productiva y fortalecimiento de las centralidades urbanas. También apuntó a la administración de 4.200 kilómetros de rutas en 11 provincias.

Pero lo interesante de todo esto es el ambicioso proyecto de obras que tiene en carpeta Katopodis con vistas al 2021. Según un informe del Ministerio de Desarrollo Social, el año que viene están proyectadas más de 200 obras en todo el país con un presupuesto global de $435.961 millones. Algunas de estas obras ya están en marcha y otras empezarán el año que viene. La mayor parte de esas obras estarán concentradas en las provincias de Buenos Aires (153), Córdoba (30), Santa Fe (22), Entre Ríos (18), Chaco (15), Mendoza (11), Neuquén (11) y Corrientes (10), entre otras. Los distritos manejados por la oposición como la CABA (7 obras proyectadas), Jujuy (7) o Misiones (6) no contarán con la misma suerte en el reparto.

Desde el Ministerio de Obras Públicas admitieron que el esquema de descentralización de obras en las provincias generó un lazo de confianza con los gobernadores pero al mismo tiempo aseguran que hay un estricto control de la ejecución de obras por medio de una plataforma online para el conocimiento y el control ciudadano. Y se creó el Observatorio de la Obra Pública como espacio de participación institucional junto con universidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y otros actores para fortalecer la transparencia de los sistemas de contratación, ejecución y monitoreo.

El esquema de refuerzo de la liga de gobernadores se completa con el Ministerio del Interior que la semana que viene apuesta a firmar un nuevo acuerdo fiscal con las provincias para dar alivio financiero en el 2021 y otorgar “herramientas de autonomía fiscal que tendrán resultados en la recaudación”, según los borradores de los documentos que empezaron a intercambiar.

La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, ya avanzó en un esquema de diálogo con los ministros de Economía de las provincias. Muchos gobierno están acorralados económicamente por la crisis del COVID-19: llegaron a una caída de la recaudación que en algunos casos fue del 50% en el último trimestre.

El nuevo consenso fiscal contemplará también un límite para el endeudamiento en dólares de las provincias. Pero el eje central que busca el Gobierno en este pacto es que haya una tregua de un año para que las provincias eviten presentar litigios futuros contra el Estado nacional como lo hizo la Ciudad de Buenos Aires. Originalmente se preveía un plazo de dos años de tregua pero los gobernadores presionaron para que este margen se achique.

Un mandatario provincial de diálogo permanente con Alberto Fernández expresó a Infobae que el acuerdo fiscal funcionará también como un mecanismo para que las provincias puedan volver a aumentar impuestos locales el año que viene y para que haya un financiamiento de la Nación por las deudas en pesos.

En este contexto, un grupo de 19 gobernadores se metió de lleno en la pelea entre la Nación y la administración de Horacio Rodríguez Larreta esta semana al señalar en una solicitada de manera tajante: “Se deben respetar los mecanismos que establece nuestra Constitución para las transferencias de competencias, servicios o funciones de la Nación a las provincias”, dijeron a coro los mandatarios provinciales al evaluar que el tema la reasignación de recursos es una competencia propia del Congreso.

Alberto FErnandez le tomó juramento a Jorge Ferraresi como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat

De esta manera, hubo un respaldo pleno de los gobernadores al presidente Alberto Fernández que coincide con la inminente firma de un acuerdo fiscal. Así, los gobernadores de diferentes colores políticos cuestionaron el “improcedente” decreto por el cual Mauricio Macri transfirió la Policía al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y triplicó de manera unilateral sus recursos, en desmedro del resto del resto de los distritos, ya que se trataba de recursos nacionales.

“Siempre hemos planteado el debate desde la política, y con carácter federal. Ninguna provincia judicializó esta decisión arbitraria que benefició de manera injusta al distrito con más recursos del país, sin respetar los mecanismos constitucionales y sin una discusión transparente sobre los recursos otorgados”, dijeron los mandatarios provinciales.

Los 19 gobernadores coincidieron en que no es el espacio de la Corte Suprema de Justicia sino el Congreso donde se debe dirimir esta “irregularidad que está siendo subsanada por el Congreso nacional, y en el marco de nuestra Constitución”.

En este punto, los mandatarios provinciales se referían así al proyecto de ley del kirchnerismo que aprobó el Senado y debe refrendar Diputados para avalar la quita de la coparticipación porteña donde el oficialismo asegura que la poda de los recursos es de 24.500 millones de pesos que se asignarán vía Presupuesto Nacional a la Policía de la Ciudad, mientras que Juntos por el Cambio afirmó que la pérdida será cercana a los 40.000 millones de pesos y la califica de inconstitucional.

El Frente de Todos dictaminó el viernes la ley que regula el traspaso de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires y fija un presupuesto hasta tres veces menor al que recibe actualmente, e intentará sancionarla la semana que viene con aliados de los bloques chicos. La idea del Gobierno es acorralar a Rodríguez Larreta y limitarlo en un año electoral como el que se aproxima. Nada queda librado al azar.

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