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El presidente Alberto Fernandez junto al ministro Gines Gonzalez Garcia y la secretaria Carla Vizzotti
El presidente Alberto Fernandez junto al ministro Gines Gonzalez Garcia y la secretaria Carla Vizzotti (ESTEBAN COLLAZO/)

El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió hoy desestimar la denuncia que había hecho Elisa Carrió y tres diputados de la Coalición Cívica por “envenenamiento” contra el presidente Alberto Fernández, y el ex ministro de Salud, Ginés González García, por la compra de la Sputnik V.

“Dada la emergencia de salud pública declarada en nuestro país y habiéndose expedido en sentido positivo los organismos competentes para la adquisición y distribución de la vacuna rusa conocida como Sputnik V, esta representación del Ministerio Público Fiscal no encuentra elemento alguno que habilite a esta parte a continuar con una investigación de índole criminal con relación a los sucesos traídos a conocimiento por los aquí denunciantes”, dice el dictamen al que tuvo acceso Infobae.

En diciembre, Carrió había presentado una denuncia penal junto con tres diputados de su bloque por la falta de información al respecto de las gestiones, contratación y firmas de contratos con el gobierno ruso para la compra de la vacuna. “Estamos ante una operación comercial sin precedentes, redireccionada a un oferente cuyo producto no sabemos si será apto para humanos de entre 18 a 60 años, pero que sí sabemos, no lo será para cumplir -de momento- la finalidad de proteger a los adultos mayores”, plantearon los denunciantes en ese momento.

Concretamente, la denuncia pedía que se investiguen las acciones del Presidente, el entonces ministro de Salud, y de Carla Vizzotti, “por la adquisición de una partida de vacunas, sin haber agotado sus tres fases de ensayos y sin haberse publicado en revistas científicas sus conclusiones, siendo que la supresión de etapas y requisitos impuestos a nivel local y mundial no admitirían la posterior autorización de la ANMAT para su distribución y uso”.

La denuncia original planteaba un abanico posible de delitos como el atentado contra la salud pública; defraudación al Estado, e incumplimiento de deberes de funcionario público.

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