“Me pegó Moreyra y su patota”, le llegó a decir Fabio Dante Cattani (56) a su esposa momentos antes de quedar en coma. La víctima hablaba de Franco Moreyra, el secretario general UOCRA de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, que este martes fue detenido, acusado de ser el instigador de la feroz golpiza que una patota de ese gremio le dio al contratista: lo dejó en terapia intensiva sin el bazo ni un testículo, con ocho costillas fracturas y con el funcionamiento sólo de medio pulmón.
Fuentes del caso confirmaron a Infobae que la detención de Moreyra se dio este martes por orden del juez Gabriel Contretas de Caleta Olivia. Es el quinto apresado en la causa por el intento de homicidio agravado por la premeditación de dos o más personas como instigador.
La situación de Moreyra es compleja en esta causa. Hay nueve testigos directos que aseguran que ese 11 de agosto, cuando la patota de la UOCRA llegó a la obra en la que estaba el contratista en el Sindicato de Judiciales, fue él quien gritó: “A Cattani hay que matarlo”, según confiaron fuentes del caso a este medio.
En ese contexto, agredieron al contratista que terminó escondido debajo de la camioneta para evitar que lo mataran ahí mismo. La paliza cesó, siempre según las fuentes del caso, cuando Moreyra dijo: “Bueno, basta”. Segundos antes, los policías que miraban la agresión como espectadores habían intentado hacer algo para frenar la violencia.
“Muchos de esos agentes aseguraron en testimoniales que Moreyra no pegó. Sí, ordenó. Pero, hay otros dos testigos que lo sindican como uno de los agresores”, ampliaron quienes accedieron al expediente.
De una forma u otra, Moreyra está complicado, como los otros cuatro detenidos, entre los cuales está el hermano de una jueza, y que habían sido arrestados apenas 24 horas después de que el juez tomara el expediente que llevaba paralizado 10 días y que el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, ahora sigue atento.
Se trata de Carlos Tapia, Oscar Aranda, Osvaldo “Neri” B. y Fabián Hernández, el hermano de la jueza Jésica Hernández, titular el Juzgado de Primera Instancia de Puerto Deseado y quien subrogaba la fiscalía penal porque el magistrado natural se jubiló. La jueza debió excusarse del expediente por el intento de homicidio de Cattani al estar su pariente entre los sindicados por el ataque.
Justamente, solo Fabián Hernández se negó a declarar durante la indagatoria. El resto se limitó a decir que estuvo en el lugar, pero que no participaron de la agresión.
Por lo pronto, también se hicieron en las últimas horas allanamientos por parte de la DDI, y a instancias del juez Contreras, para secuestrar celulares que la Justicia considera clave para la causa. A todos los detenidos ya les habían incautado sus teléfonos y las prendas de vestir que usaron en el ataque.
Mientras, la salud de Cattani no mejora. El contratista está internado en el Hospital Zonal de Caleta Olivia. Gravísimo. Además de todas las lesiones, está entubado y con politraumatismos de tórax. No dimensionan los médicos aun las secuelas con las que deberá vivir cuando se recupere.
“Hay que matarlo”
Todo sucedió el pasado 11 de agosto en una obra del Sindicato de Judiciales de Puerto Deseado, sobre la calle Ramos Mejía, entre 141 y Pachululu.
Esa mañana, dos patrulleros acudieron al lugar debido a una manifestación vinculada a la UOCRA. En ese contexto, arribaron dos camionetas y cuatro autos con entre 30 y 40 ocupantes. Entre ellos fueron identificados Franco Moreyra, Fabián Hernández, Carlos Tapia y Oscar Aranda, apodado “Cachumba”.
Según la denuncia presentada por Sonia, la esposa de la víctima, al descender de uno de los vehículos, Moreyra lanzó una orden tajante: “A Cattani hay que matarlo”. De inmediato, el grupo comenzó a golpearlo con patadas y puñetazos. Incluso, lo atacaron cuando ya estaba en el suelo.
Tres testigos confirmaron la participación de los acusados. Además, los agresores se llevaron una pistola calibre 9 milímetros registrada en la ANMaC a nombre del contratista y su teléfono celular.
La Policía no intervino para frenar la violencia, según la denuncia, aunque luego trasladó a Cattani al hospital local. Allí fue atendido y dado de alta, pero horas después regresó por una descompensación y quedó internado.
Durante la madrugada, una tomografía reveló la rotura de bazo que provocó un shock hipovolémico. Fue sometido a una esplenectomía total en la que recibió una transfusión de cinco litros de sangre. Tras la cirugía, alcanzó a relatar lo sucedido, pero poco después tuvo que ser inducido a coma en terapia intensiva.
El comunicado
Este jueves, la UOCRA emitió un comunicado sobre lo ocurrido: “La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) expresa su repudio a los hechos violentos sufridos por un contratista de obra en la localidad de Puerto Deseado, alienta la investigación por parte de las autoridades competentes y solicita el pronto esclarecimiento y sanción ejemplar a los autores responsables”, reza el documento.
En el mismo documento, el gremio denunció que los actos registrados en Santa Cruz son “reñidos con el legítimo ejercicio de la función sindical” y “atentatorios de la paz social”.
La organización afirmó que se encuentra “a entera disposición para el esclarecimiento de estos hechos y para el resguardo” y remarcó su compromiso con el respeto a la ley y el diálogo como vía para resolver conflictos.
El mensaje cerró con la frase: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.
