El código amarillo significaba que había que comenzar a increpar a los deudores. El código naranja implicaba amenazas y extorsión. Y el código rojo definía el ir a intimidarlos hasta sus viviendas, amenazarlos de muerte si no pagaban y romperles las casas. Así de organizada estaba la banda de usureros que cobraba el 100% de interés a quienes necesitaban auxilio económico y lo buscaban en redes sociales, donde los apuros vitales y las promesas fáciles suelen cruzarse.
No había códigos rosas en esta historia. “Hacé de cuenta que te entran a robar y matás al delincuente y te tenés que mudar, porque vos no vas a vivir tranquila, te lo aseguro. ¿Está claro? Y yo atrás de un chat no me hago el malo. Ahora vos me vas a conocer la cara. Pero cuando yo te vea arrodillada, no me digas: ‘Por favor, señor’. Porque a cachetazos te voy a levantar. ¿Te queda claro?“, fue una de las amenazas del líder de la banda a la víctima que se animó a contar todo ante la Justicia.
Ahora, ese hombre está preso, al igual que nueve de sus cómplices. Sólo hay un prófugo en el marco de la causa por asociación ilícita, usura, extorsión y amenazas que investigó la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro por orden de la fiscal Paula Hertrig, de la UFI de Boulogne.
Todo se precipitó esta mañana. Las sirenas rompieron la quietud del amanecer en seis localidades bonaerenses, pero nadie en cada una de las cuadras donde desembarcaban los policías supo de inmediato que, tras semanas de vigilancia silenciosa, se acababa de desbaratar una organización dedicada a prestar dinero ilegal, cobrar intereses al 100%, y extorsionar a sus deudores con amenazas feroces y violencia física.
El golpe final llegó al mismo tiempo en 11 domicilios, dispersos entre El Palomar, Moreno, General Rodríguez, Ituzaingó, Trujui y Caseros, en el conurbano bonaerense. La escena, aunque breve, condensaba meses de padecimiento para víctimas como Olga- nombre ficticios para cuidar a la víctima-, la primera que se atrevió a romper el silencio.
Olga
A sus 53 años, Olga buscó paliar una necesidad económica en uno de los tantos grupos en redes sociales que te ofrecen ayuda. Así conoció a un tal “Agustín P”, un cobrador joven que no demoró en revelarle el verdadero rostro de la banda apenas ella se atrasó en los pagos.
La modalidad parecía casi profesional: contacto rápido por redes sociales, entrega personal del dinero y firma compulsiva de papeles bajo la promesa de un plan de cuotas flexible. Al principio la trataron como si fuera una clienta más; después empezó el hostigamiento, a toda hora, sin freno.
La primera cuota Olga la pagó a término, lo que no pudo fue seguir cumpliendo. Cuando le contó de la demora a Agustín, el hombre se presentó varias veces en su domicilio y la amenazó: o pagaba o volvería más tarde con más personas para “hablar de otra manera” y llevársela “a pasear un tiempito”.
Lo que comenzó con mensajes y llamados pronto escaló. La mecánica de presión incluía una amenazas con “códigos de colores”: “alerta amarilla” para aumentar intereses; “alerta naranja” para amedrentar con privación de libertad y lesiones; “alerta roja” para pasar de las palabras a los golpes y agresiones directas.
La banda
Francisco G.R., de 45 años y calificado por los investigadores como el líder absoluto, mantuvo su identidad real envuelta en el apodo de “NN Rubio” hasta el mismo día de la captura. Su lugar de mando: una casa en el lujoso barrio cerrado “Prados del Oeste”, en el partido de Moreno. Allí, junto a su pareja y cómplice, V.C.V..
“¿Así que vos pensaste que esto iba a ser fácil?“, espetó Ruiz a través de una nota de voz enviada a una víctima. Y siguió: ”Vos pagás si podés, y nosotros cobramos cuando queremos. Si no, después no te quejes si pasa lo que no te gustaría. ¿Te queda claro?“.
La policía recuperó en allanamientos grabaciones con amenazas aún más crudas, cargadas de insultos y referencias explícitas a represalias físicas contra hijos y parejas de los deudores. Francisco G.R. se aseguraba de dejar claro que ningún límite personal o familiar los detendría en su búsqueda del cobro.
La investigación empezó el 11 de junio de 2025, apenas unos días después de la denuncia de Olga. Aquella mañana, la mujer fue a la comisaría de Villa Adelina con las capturas de chats y las notas de voz guardadas en su celular.
“Te van a venir a buscar. Hablás demasiado”, le había dicho una voz de hombre, que la llamaba a cualquier hora del día o la noche. Y le advertía: “Si mañana no pagás, agarrate”.
La madeja de roles de la banda incluía cuatro organizadores de rango intermedio: G.E.R.M., A.S.S., N.A.C. y el aún prófugo Nicolás J.L., de 39 años Era G.E.R.M. quien coordinaba a los cobradores y cajeras, varios de los cuales mantenían otras identidades de “pantalla” en las redes. Entre las cajeras se encontraban las hermanas V.C.V. y M.C.V., expertas en recibir y derivar pagos, así como en pasarle al jefe cualquier caso donde la presión debiera escalar.
El interés llegaba al 100%, y si había demora, crecía con el recargo del debt-shaming (humillación) ejercido ante familiares y vecinos.
El “código rojo” era el aviso de que no se moverían ya sólo con amenazas: los cobradores podían romper vidrios y golpear las puertas a plena luz del día. Las mujeres, muchas veces, se convertían en el blanco preferente de los insultos y de la intimidación verbal.
Fin de la banda
La DDI de San Isidro, tras un relevamiento de cuentas en redes sociales, análisis de comunicaciones, pinchaduras telefónicas y vigilancia encubierta sobre algunos domicilios, descubrió vías de cobro y traspaso de dinero en efectivo.
Así, se pidieron las 11 órdenes de allanamiento que el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro concedió.
El despliegue policial terminó con seis detenidos, cuatro aprehendidos y un fugitivo.
