“Queremos terminar con las filtraciones de dinero que entra en la universidad”, dijo el presidente Javier Milei en un acto en el Palacio Libertad en octubre del año pasado. Y también dijo: “No porque queramos cerrar las universidades como le mienten a la gente, sino porque los queremos cuidar, cuidando los recursos y para eso hay que auditar”.
“Si no quieren ser auditados deben ser porque están sucios por lo tanto señores dejen de engañar a los argentinos y díganles la verdad, que no quieren ser auditados para mantener sus curros”, agregó el titular del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el organismo estatal que por ley debe auditar a las instituciones públicas de educación superior, la Auditoría General de la Nación (AGN), permanece paralizada. Y esa parálisis y la vuelta a la normalidad del organismo dependen del oficialismo.
Fondos insuficientes
La Argentina funciona, en 2025, con un Presupuesto que se confeccionó en 2022 para implementarse en 2023. Tanto para 2024 como para este año, el Poder Ejecutivo prorrogó la última Ley de Leyes que se sancionó en el Congreso de la Nación.
Las universidades nacionales protagonizaron, en abril del año pasado, una primera marcha federal para reclamar la actualización presupuestaria destinada a la educación superior pública. Un ajuste presupuestario que contemplara la inflación permitiría actualizar los salarios y los gastos operativos de las Casas de Altos Estudios de todo el país.
Esa primera convocatoria fue masiva: participaron no sólo estudiantes, docentes, no docentes y autoridades de las universidades, sino también miles de personas que salieron a la calle para defender la educación superior pública y gratuita. Hubo un segundo capítulo en octubre, en medio de recursos cada vez más acotados. Y, con más énfasis aún que en abril de 2024, el Presidente fijó como una prioridad la auditoría de las universidades.
En el Palacio Libertad, Milei habló de “autos caros de 90.000 dólares” y de “choferes que cobran 13 millones de pesos” pagados con los recursos destinados a las universidades. “Hay que auditar”, sentenció.
De la primera marcha federal universitaria pasaron 17 meses. Este miércoles, en medio de salarios docentes que perdieron al menos el 30% de su poder adquisitivo en menos de dos años y de fondos destinados a los gastos operativos cada vez más insuficientes, habrá una nueva marcha en defensa de la educación superior pública.
Mientras tanto, no hay manera de que la AGN complete las auditorías tan nombradas. Es que, de los siete auditores generales que deben conformar el cuerpo principal del organismo, sólo hay uno con mandato vigente. Se trata de Juan Manuel Olmos, presidente del organismo y designado por Unión por la Patria, el partido político opositor con mayor número de legisladores en el Congreso, que es al que le corresponde nombrar a alguien en ese cargo.
Los otros seis integrantes deben ser designados por la Cámara de Diputados y el Senado: tres auditores por cada cuerpo. Los encargados formales de llamar al debate que desencadene el nombramiento son los presidentes de cada Cámara, Martín Menem en Diputados y Victoria Villarruel en el Senado. El llamado a designar esas autoridades no ha ocurrido.
Según el sitio web de la AGN, la última sesión del Colegio de Auditores -el organismo que deben componer los siete auditores generales- fue el 27 de marzo de este año, hace casi seis meses. Los informes que prepara la AGN deben estar refrendados por sus auditores generales. En concreto, con sólo un integrante de siete, la institución dedicada a las auditorías está paralizada respecto de su función central: emitir los informes de auditoría de los organismos que atraviesan sus controles.
“No hemos recibido notificación”
“En 2024 la propia UBA le pidió a la AGN que la auditara. Es algo que ya había ocurrido y, de acuerdo a una decisión del Colegio de Auditores, se determinó una auditoría de seguimiento respecto de la Facultad de Psicología, que ya era seguida por la AGN, y tres auditorías integrales sobre algunas de las facultades más numerosas de la universidad: Medicina, Derecho y Ciencias Económicas”, describe Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires desde 2022, en conversación con Infobae. Según estima, esas cuatro facultades concentran a más del 60% de los estudiantes de la universidad pública más numerosa de la Argentina.
“Las auditorías están en los últimos pasos para obtener los primeros informes, luego de los cuales siempre viene un descargo del organismo auditado”, explica Ruiz. Pero para que esos informes efectivamente se emitan, deben pasar por el cuerpo colegiado de siete integrantes que ahora mismo sólo cuenta con Olmos.
Las auditorías chequean cuestiones académicas, de administración financiera, de compras y contrataciones, de becas y de los sistemas implementados por la facultad en cuestión. “La UBA entregó en tiempo y forma todo lo que pidió la AGN, como siempre”, asegura Ruiz.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) es, por la cantidad de estudiantes de grado y pregrado hacia 2022, la tercera más numerosa en el país, detrás de la UBA y de la Universidad Nacional de Córdoba. Aunque está incluida en el Programa de Acción Anual 2025 de la AGN, es decir, es una de las instituciones a auditar a lo largo de este año, la Casa de Altos Estudios de la capital bonaerense no tuvo noticias oficiales de ese procedimiento tan promovido discursivamente por el Poder Ejecutivo.
“Hasta el momento no hemos recibido notificación formal para dar inicio al proceso”, confirma Martín López Armengol, presidente de la UNLP, a Infobae. Mientras tanto, esa universidad -como ocurre la mayoría de sus pares- sostiene sus auditorías internas para garantizar el control y la transparencia.
La Universidad Nacional de Rosario (UNR), quinta en el país por su cantidad de estudiantes, ya pasó por varias auditorías de la AGN. “Pero no este año, porque no se constituye el Colegio de Auditores, y eso es responsabilidad del Poder Ejecutivo”, sostiene su rector, Franco Bartolacci, que este miércoles participará de la manifestación en la Plaza de los Dos Congresos.
Las cicatrices del deterioro
En abril del año pasado, cuando faltaba una semana para la primera marcha federal universitaria, la alarma sonó en la Facultad de Medicina de la UBA. Las luces de los pasillos e incluso de algunas aulas permanecieron apagadas. Era el símbolo de un ajuste presupuestario que, denunciaban las autoridades, asfixiaba a la institución.
Este miércoles, el día señalado para una nueva concentración que tendrá sede central en la Plaza de los Dos Congresos, el deterioro de las facultades nacionales públicas tiene múltiples manifestaciones. Por eso se espera una marcha multitudinaria que acompañe el pedido a la Cámara de Diputados para que insista con la Ley de Financiamiento Universitario que el Presidente vetó. Para eso, se necesita que voten a favor de la insistencia dos tercios de los diputados presentes.
“En nuestra universidad hubo 100 renuncias de docentes a lo largo de 2024, y ese número fue similar durante el primer semestre de este año”, comenta el rector de la UNR, y suma: “Es un proceso de pérdida del recurso humano que se acelera, porque aunque repongamos el cargo, el que viene no tiene la formación que tiene un docente de muchos años”.
“Además, el docente que no se va sí suma otros trabajos para completar un sueldo. Y eso genera sí o sí un deterioro en la calidad de la formación, porque no tiene la misma energía una persona que tiene un trabajo que una que tiene que tener tres o cuatro para completar un sueldo”, sostiene Bartolacci.
En la universidad que dirige, hace tres años el 10% del presupuesto para gastos operativos se iba en luz, agua, gas y seguridad. “Este año, cerca del 50% del presupuesto operativo se va en eso porque las tarifas aumentan y los recursos se ajustan mucho menos. Eso también genera deterioro”, explica el rector.
En la Universidad Nacional de Entre Ríos renunciaron 131 personas entre enero de 2024 y junio de 2025 por la caída de los salarios reales. A la vez, crece la solicitud de licencias sin goce de sueldo para tomar otros trabajos más rentables. Algo similar pasa en la Universidad Nacional del Litoral, de la que se fueron 151 docentes desde enero del año pasado y en la que al menos 26 solicitaron una licencia de ese tipo.
La Universidad Nacional de San Juan no logra ocupar los cargos disponibles en el área de Economía del Conocimiento porque los salarios que ofrece no son competitivos con otros actores que puedan necesitar personas con esa formación. En la Universidad Nacional de Mar del Plata los cargos docentes se redujeron 5% entre 2022 y fines de 2024.
En esa misma Casa de Altos Estudios se paralizaron obras de infraestructura como un centro de investigaciones marinas por no contar con los recursos suficientes. También frenó o hasta canceló obras la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, a la vez que se desfinanciaron sus programas de becas.
La Universidad Nacional de La Matanza tuvo que poner en pausa la construcción de un centro de atención primaria de la salud y las instalaciones para la nueva carrera de Odontología, así como una residencia estudiantil. Desde principios de 2024, alrededor del 10% de sus docentes renunciaron, y los pedidos de becas de estudiantes para el comedor universitario y la compra de apuntes crecieron 350% desde ese mismo momento.
Son apenas algunas de las marcas que el ahogamiento presupuestario deja en las universidades nacionales. Infobae intentó comunicarse con el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, para consultarle sobre las consecuencias de la caída presupuestaria y la parálisis de las auditorías, pero no obtuvo respuesta.
Mientras tanto, y en el mejor de los casos, algunas universidades siguen presentando documentación y otras, esperan a que las llamen para encarar sus auditorías a través de la AGN. Esas que se anunciaron con urgencia y bajo un manto de sospecha, pero que esperan que el organismo revisor consiga los seis auditores que le faltan para funcionar como es debido.
