En el marco de la causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona, las defensas de Agustina Cosachov y Nancy Forlini presentaron sendos recursos de apelación ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, cuestionando la resolución dictada el pasado 5 de noviembre, que delimitó el alcance de una nulidad procesal y definió la continuidad de los juicios en forma separada, manteniendo la validez de los actos previos y del juicio por jurados desdoblado respecto de la imputada Dahiana Gisela Madrid.
Ambos planteos coinciden en señalar que la decisión judicial vulnera garantías constitucionales, genera perjuicios irreparables y consolida un escenario de doble persecución penal. Y piden la suspensión de la audiencia fijada para el miércoles y del debate programado para el 17 de marzo hasta que la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro resuelva de forma definitiva los recursos interpuestos
Ese 5 de noviembre, el TOC N°7 determinó que el nuevo juicio comenzará el 17 de marzo a las 10, luego de que el primer debate fuera declarado nulo por el escándalo del documental protagonizado por la jueza Julieta Makintach, quien enfrenta un jury.
Una de las cuestiones sobre las que se expidieron los jueces fueron los alcances de la nulidad decretada en el juicio por Maradona suspendido. Sobre este punto, definieron que la medida regirá a partir de la audiencia preliminar del debate oral que había comenzado en marzo.
El escrito presentado por los abogados Vadim Mischanchuk y Marcelo Rodríguez Jordán, defensores de Cosachov, sostiene que la resolución impugnada provoca un “gravamen irreparable”, al afectar el derecho de defensa y la igualdad ante la ley.
Según el planteo, la delimitación de la nulidad dispuesta por el tribunal deja sin efecto la anulación de la decisión posterior de separar los juicios, lo que para la defensa constituye una “incongruencia” y una “arbitrariedad”.
En el texto se afirma: “La decisión de nulificar todo lo que pasó a partir de la audiencia del 338 celebrada ante el Tribunal Criminal 3, incluida la misma, y declarar válida la decisión de separar los juicios, que fue tomada con posterioridad y como consecuencia directa de la mentada audiencia, transforma a la resolución atacada en una decisión viciada por incongruencia”.
De manera paralela, los abogados Nicolás D’Albora y Agustín Varela, en representación de Forlini, también recurrieron la decisión, argumentando que la nulidad parcial dictada vulnera derechos constitucionales esenciales, entre ellos el de ser juzgada por un jurado popular.
El escrito señala que la resolución “genera gravámenes de imposible reparación ulterior”, al habilitar una nueva persecución penal tras la anulación del juicio anterior, que fue suspendido por presuntas irregularidades cometidas por la jueza Makintach.
Ambas defensas hacen eje en el mismo conflicto: la interpretación judicial de los efectos de la nulidad y la consecuente fragmentación del proceso penal. En el caso de Cosachov, sus abogados advierten que la multiplicidad de audiencias y el desdoblamiento del juicio “atentan contra la celeridad procesal” y el derecho de defensa, ya que impiden la concentración de todos los planteos en una única audiencia multipropósito.
“La multiplicidad de audiencias de un mismo tenor, atenta contra la celeridad que los señores jueces pretenden, y angustian a las partes sometidas a proceso con dilaciones indebidas o fomentadas por equivocadas interpretaciones”, sostienen.
En igual sentido, la defensa de Forlini alega que mantener la validez del juicio por jurados exclusivo para una de las imputadas implica desconocer que esa opción fue ejercida en una audiencia luego declarada nula, y que por tanto, debería considerarse inválida.
Otro punto de coincidencia entre ambos recursos es el planteo del ne bis in ídem, es decir, la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Tanto Mischanchuk y Rodríguez Jordán como D’Albora y Varela argumentan que la nulidad del juicio anterior, originada en un accionar ajeno a los imputados, no puede justificar una nueva persecución penal.
En el escrito de Cosachov se sostiene: “La ley no avala la ‘múltiple persecución penal’ por un mismo hecho. La ley no autoriza que, por culpa de las vanidades de una jueza, el Estado tenga derecho a reiniciar un debate en contra de los posibles implicados en la perpetración de un hecho punible, haya o no habido veredicto y/o sentencia y/o nulidad”.
En el mismo sentido, la defensa de Forlini cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Suprema Corte bonaerense, afirmando que la garantía protege no solo contra la condena repetida, sino también contra la exposición a un nuevo juicio.
Las presentaciones también cuestionan la negativa del tribunal a realizar una audiencia oral para debatir el alcance de la nulidad, el ne bis in ídem y la opción de juicio por jurados.
Según los defensores, restringir la audiencia prevista en el artículo 338 únicamente al control de la prueba limita el ejercicio del derecho de defensa. El escrito de Forlini subraya: “Pareciera que lo que el Tribunal pretende es evitar el debate relativo al alcance de la nulidad, la opción del juicio por jurados y el ne bis in ídem en el contexto de una audiencia oral con las garantías previstas por nuestro ordenamiento procesal”.
Tanto la defensa de Cosachov como la de Forlini solicitan que se revoque la decisión del 5 de noviembre, se declare la nulidad total de los actos procesales posteriores a la audiencia anulada y se ordene la unificación del juicio en una única sede judicial.
En subsidio, ambas piden la suspensión de la audiencia preliminar fijada para el 12 de noviembre de 2025 y del debate oral programado para el 17 de marzo de 2026, hasta que la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro resuelva de forma definitiva los recursos interpuestos.
Finalmente, las dos defensas formularon reserva del caso federal, anticipando que, de ser necesario, recurrirán a instancias superiores.
