El 16 de septiembre de 1976, un grupo de estudiantes secundarios de La Plata fue secuestrado en el marco de una represión sistemática que buscaba acallar la protesta social durante la dictadura militar que había comenzado en marzo de ese año en Argentina.
Ese episodio, conocido como «La noche de los lápices», se convirtió en un símbolo de la violencia ejercida por el Estado contra la juventud organizada y marcó para siempre la memoria colectiva del país.
La represión que culminó en estos secuestros tuvo su origen en la participación activa de los estudiantes en reclamos por el boleto estudiantil secundario, una demanda que había cobrado fuerza en los meses previos.
La movilización de estudiantes había logrado que el Concejo Deliberante de La Plata, aprobara el Boleto Estudiantil Secundario (BES) en septiembre de 1975, mientras Isabel Perón estaba a cargo del país. Sin embargo, la dictadura dio de baja el decreto en agosto de 1976 y contra esa decisión comenzaban a organizarse protestas.
Durante esos años existieron varias agrupaciones de estudiantes secundarios que respondían a diferentes extracciones políticas de la izquierda. Algunas de ellas eran: la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) vinculada a Montoneros, de extracción peronista. La Juventud Guevarista (JG) vinculada al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de extracción marxista y brazo político del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP). La Federación Juvenil Comunista (FJC) del Partido Comunista. La -Juventud Socialista (JS) del Partido Socialista. El Grupo de Estudiantes Socialistas Antiimperialistas (GESA) y la Juventud Radical Revolucionaria (JRR) del Partido Radical.
El 16 de septiembre de 1976, grupos de tareas conducidos por el general Ramón Camps secuestraron a Claudia Falcone (16 años), Francisco López Montaner (16 años) -ambos alumnos del Colegio de Bellas Artes-, María Clara Ciocchini (18 años) -ex alumna de la Escuela Normal Superior de Bahía Blanca-, Horacio Ungaro (17 años), Daniel Racero (18 años)- ambos de la Escuela Normal Nº 3- . Claudio de Acha (18 años) -alumno del Colegio Nacional de la UNLP- fue secuestrado el 15 de septiembre. Todos ellos eran militantes de la UES.
No fueron ni los primeros ni los últimos estudiantes secundarios secuestrados en la ciudad. Gustavo Calotti, del Colegio Nacional (UNLP), había sido detenido el 8 de septiembre. Víctor Triviño, alumno de la Escuela Media N°2, había sido detenido el 10 de ese mismo mes. A su vez, el 17 de septiembre fueron víctimas de la represión Emilce Moler y Patricia Miranda, ambas de Bellas Artes que dependía de la Universidad Nacional de La Plata. Lo mismo sucedió con Pablo Díaz – otro estudiante de “La legión” que militaba en la Juventud Guevarista pero había pasado por la UES- el 21 de septiembre. De ese modo la dictadura apuntó a desarticular la organización juvenil que tenía preponderancia entre los estudiantes secundarios de La Plata.
Los detenidos fueron trasladados a centros como Arana, Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, donde sufrieron torturas y permanecieron en condiciones inhumanas
De los secuestrados en aquellos operativos de septiembre de 1976 Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racedo y Horacio Ungaro integran la lista de los 30.000 desaparecidos que provocó la represión ilegal durante la última dictadura militar. Emilce Moler, Pablo Díaz, Gustavo Calotti y Patricia Miranda fueron “blanqueados” por la dictadura y quedaron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, nodo en la que el gobierno militar denominaba a los presos políticos sin proceso.
La represión contra los estudiantes secundarios formó parte de un plan más amplio de persecución política implementado por la dictadura, que consideraba a la militancia juvenil como un foco de “subversión”.
Así lo presentó en 1977 el Ministerio de Educación que junto con el Ministerio de Planeamiento publicaron un documento llamado “Subversión en el ámbito educativo (conozcamos a nuestro enemigo)”.
Ese documento fue distribuido, y se obligó a leer en todas las instituciones educativas del país. El documento tenía como propósito erradicar la “subversión” del área educativa. Según el dossier “La noche de los lápices, historia y memoria”, publicado por la Comisión Provincial de la Memoria, aquel documento “sostenía que, a pesar de tratarse de términos poco acostumbrados, era necesario comenzar a hablar de guerra, de enemigo, de subversión, de infiltración, en ámbitos como el de la educación y la cultura”. Y agregaba que: “El punto de partida para la iniciativa propuesta por el documento era un diagnóstico de la sociedad enferma. En la particular interpretación esgrimida por el Ministerio de Educación respecto de la historia reciente, los procesos de radicalización política, las huelgas, las actividades de las organizaciones guerrilleras se encontraban en el mismo plano que la ´desjerarquización generalizada, educación tendenciosa, fomento de la corrupción y pornografía, drogas, etc.´”.
Aquel documento decía que las protestas estudiantiles generadas por la falta de desarrollo, los problemas económicos, una juventud desilusionada, se explicaban de otra manera: “esas realidades eran utilizadas o aumentadas en unos casos y producto en otros, de un comando que, desarrollando una estrategia perfectamente instrumentada y con una definida ideología, llevaba a cabo lo que técnicamente se nomina “La agresión marxista internacional”.
Por el accionar represivo que secuestró, torturó y despareció asesinó a jóvenes estudiantes en septiembre de 1976, hay responsables. En marzo de 2024 finalizó el juicio oral y público iniciado en octubre de 2020 en medio de la pandemia de coronavirus. Durante el proceso el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, analizó las responsabilidades del Ejército –a través de la Brigada de Infantería Mecanizada 3 con sede en La Tablada, que estaba a cargo del área 112 que abarcaba los partidos de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, entre otros– y del aparato de inteligencia a partir del rol que cumplió el Destacamento 101 de La Plata. También indagó en el papel del gobierno dictatorial en la provincia y el accionar de la Policía Bonaerense, entonces al mando del represor Ramón Camps, fallecido en 1994, quien había sido condenado en 1986, e indultado en 1990. Miguel Osvaldo Etchecolatz, el exdirector de investigaciones de la Bonaerense, y subordinado de Camps murió en mitad del juicio que se hizo en La Plata. Al esquema represivo que se encargó de secuestrar y desaparecer a los jóvenes de La Noche de los Lápices, se lo conoció como Circuito Camps o Brigadas.
Los jueces Ricardo Basílico, Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers dictaron diez perpetuas. Esa pena les correspondió a Federico Antonio Minicucci (jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada), Guillermo Domínguez Matheu (jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata), Roberto Balmaceda (jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de Actividades Especiales del Destacamento 101 de La Plata), Jorge Héctor Di Pasquale (jefe de la sección de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata), Carlos María Romero Pavón (jefe de Reunión Interior del Destacamento 101 de La Plata), el exministro de Gobierno Jaime Smart, Juan Miguel Wolk (jefe de la División Delitos contra la Propiedad y de la División Delitos contra las Personas y de la dirección de investigaciones Zona Metropolitana), el médico policial Jorge Antonio Bergés, el comisario Horacio Luis Castillo y Carlos Gustavo Fontana (enlace entre el Destacamento 101 y el Batallón de Inteligencia 601).
Alberto Julio Canditi –que también integró el Destacamento 101 y fue extraditado desde Uruguay– recibió una pena de 25 años de prisión mientras que Enrique Augusto Barre –que fue el número dos del “Nazi” Wolk en el Pozo de Banfield– fue absuelto.
El día que Ricardo Basílico leyó la sentencia entre los presentes en el Tribunal estaban Emilce Moler, Pablo Díaz y Gustavo Calotti, sobrevivientes de “La noche de los lápices” y otros sobrevivientes de cuatro campos de concentración que estaban bajo la órbita de Camps y por los cuales pasaron unas 600 personas.
“La noche de los lápices” se ha transformado en uno de los episodios más emblemáticos que muestra la crudeza de la represión estatal en la Argentina durante la última dictadura militar. El secuestro y desaparición de estudiantes secundarios en septiembre de 1976 en La Plata no solo expuso la brutalidad del régimen, sino que también se transformó en un símbolo de la militancia juvenil y de la memoria colectiva sobre el terrorismo de Estado.
