Rosa vive en el partido de Lomas de Zamora, es dueña de un kiosco y está cerca de cumplir la edad para jubilarse. Tiene 5 hijos y a pesar de que nunca le faltó el pan en la mesa, es consciente de que deberá seguir trabajando una vez que haya hecho los trámites para obtener los haberes jubilatorios.
En ese contexto, la mujer -que prefiere utilizar un nombre ficticio para preservar su identidad- intentó sacar una tarjeta de crédito para comprar mercadería y se encontró con un grave problema: alguien le había usurpado la identidad y pedido 19 créditos por un valor que hoy ronda los $9.000.000.
“Usted ya tiene una cuenta en este banco, no hace falta que abra una nueva”, le dijo a Rosa la Ejecutiva de Cuentas que la atendió en el banco del barrio. Asombrada, la mujer le explicó que era imposible, que ella nunca había operado en esa entidad.
Al fijarse en los registros, la empleada bancaria detectó que la cuenta había sido abierta de manera online el 30 de junio de 2024. Para ello, utilizaron el DNI de Rosa y sus datos biométricos para la validación. Lo más curioso es que a Rosa nunca le habían robado el DNI. Por eso, todas las sospechas apuntaban a una única persona: la hija que todavía vivía con ella. Y eso se terminó de corroborar cuando identificaron que el mail y el número de celular que habían usado pertenecía a su hija.
“Aparentemente, la mujer le habría facilitado en algún momento su rostro para superar los controles iniciales y avanzar con la apertura de la cuenta. Esto era habitual porque la joven era quien se encargaba de hacer todos los pagos y los trámites de su mamá”, contó a Infobae Diego Proietti, el abogado de la damnificada. “Rosa fue engañada y estafada por su propia hija”, agregó.
Una vez logrado su cometido, la joven comenzó a solicitar préstamos personales de manera sucesiva. “El banco nunca corroboró la identidad de esa persona y habilitó créditos que, en un click, se otorgaban sin esperar las 48 horas que exige el Banco Central para evitar este tipo de fraudes”, advirtió Proietti sobre la falta de medidas de seguridad bancarias consagradas en el Artículo 5 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
Transcurridos tres meses desde la apertura irregular, entre octubre y diciembre de 2024, la hija de Rosa solicitó y obtuvo a través de la aplicación del banco 19 préstamos personales.
“La concesión de los créditos se realizó de modo automático y sin control, en franca contradicción con el principio de seguridad en las transacciones electrónicas que impone el artículo 42 de la Constitución Nacional y el artículo 10 de la Ley 24.240 del Código Civil y Comercial”, advirtió Proietti.
Una vez recibidos, los fondos fueron inmediatamente transferidos a una cuenta que la hija tenía en otra entidad financiera. Todo venía bien hasta que llegó el momento de pagar.
La primera dificultad se presentó el 5 de diciembre de 2024, por lo que la joven se comunicó telefónicamente con el banco -haciéndose pasar por su madre- para refinanciar la deuda. Esto lo pudo hacer porque utilizó las claves y contraseñas que ella misma había generado y guardado. Acordó un plan de pagos de 36 cuotas sin levantar la más mínima sospecha.
El día que Rosa se enteró de la estafa
Rosa se enteró de la maniobra fraudulenta que había hecho su hija el 28 de marzo de 2025. Ese mismo día efectuó ante el banco el reclamo correspondiente y solicitó el cierre de la cuenta por tratarse de una estafa. Pese a ello, días más tarde, el banco rechazó la petición y negó su responsabilidad en el hecho.
Frente a tal respuesta, el 11 de abril Rosa efectuó una denuncia penal ante la UFI N° 19 de Lomas de Zamora, por el delito de suplantación de identidad y fraude. Asimismo, inició un procedimiento de mediación en Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Lomas de Zamora.
En la primera audiencia, la representante del banco ni siquiera compareció. En la segunda, Rosa solicitó la reproducción del audio de la refinanciación del 5 de diciembre de 2024, en el cual se escucha a su hija negociar con la operadora del banco. La abogada de la entidad se excusó en supuestas cuestiones técnicas para no reproducir el archivo, intentando atribuir falsamente la operación a Rosa.
“Cabe destacar que las comunicaciones del banco se realizaron siempre al número telefónico que corresponde a la hija, y no al de Rosa. Asimismo, todas las transferencias de los fondos fueron efectuadas por la hija, en beneficio propio y jamás ese dinero se quedó en la cuenta de la damnificada o fue transferido a cuentas de su titularidad”, sostuvo el abogado.
La confesión de su hija
La maniobra se descubrió cuando la madre cuestionó los movimientos bancarios y la hija terminó admitiendo lo ocurrido. “La madre fue e hizo la denuncia policial. Ahí quedó claro. ‘Me robaste la identidad’, le dijo”, resumió Proietti. A partir de esa confesión, la mujer decidió cortar relación con su hija y avanzar judicialmente.
“Cuando mi mamá se enteró de que había sido mi hermana se descompensó y casi le agarra un infarto porque somos una familia numerosa y muy unida”, contó a Infobae otra de las hijas de Rosa. “Desde ese momento entró en una angustia casi depresiva”, se lamentó, ya que no era la primera vez que actuaba de esa manera. “Tenía deudas de juego y ya le había vaciado otra cuenta que tenía”, recordó la mujer.
“Mi hermana ya venía operando con esa cuenta bancaria desde hacía un año, y mi mamá ni enterada. Quedó quebradísima y yo tuve que sacar dos préstamos de más de $2 millones para pagar las cuotas de los créditos que había refinanciado mi hermana”, detalló.
La mujer contó que Rosa llora todos los días porque extraña a su hija, a quien terminó echando de la casa y no ve desde hace cinco meses. “Yo le estoy pasando plata para vivir. Todo lo que pasó es una gran pena para ella, ojalá algún día se pueda recomponer la relación”, agregó.
Fallo judicial a favor de Rosa
Tras quedar endeudada y con su historial crediticio arruinado, el Juzgado Comercial N° 14 dictó el jueves pasado una medida cautelar que frenó el cobro y la calificación negativa de Rosa.
“Mientras se investiga quién fue, cómo fue y si el banco cumplió con sus obligaciones, la resolución establece que no le cobren ninguna cuota, no le sumen intereses, no le cierren la cuenta, no la ejecuten y tampoco la informen negativamente al Banco Central. Y si ya lo hicieron, deben rectificarlo”, explicó Proietti.
El abogado subrayó que, aunque el proceso puede tardar años, “lo central es que quedó probado que no fue la señora quien contrajo la deuda. Si no fue ella, todo debería ser anulado”.
Proietti adelantó que, además de la cautelar, avanzó con una acción civil contra el banco por daños y perjuicios. “Mi pretensión es que cancele todos los préstamos y además le pague un daño moral y un daño punitivo. Generalmente el daño moral es el 50% del daño material, es decir, unos $4,5 millones más intereses”, concluyó el letrado.
