La pelea entre el Gobierno nacional y las provincias, lejos de terminar, escala cada vez más. Después del fracaso de la Ley Ómnibus y de forma inesperada, el Ejecutivo decidió eliminar el llamado Fondo Compensador del Interior y dejó en manos de los mandatarios la decisión de subsidiar o no -y cuánto- las tarifas al transporte.
El Fondo Compensador fue conformado con el objetivo de subsidiar al transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país a través de transferencias realizadas desde el Estado Nacional a empresas prestatarias del servicio público de transporte “para que las tarifas sean provistas a un costo inferior y cubrir los costos de funcionamiento y mantenimiento”.
Según cifras de la secretaría de Transporte, en 2023 se entregaron $102.000 millones por esa vía, que en términos del PBI son 0,26%, de los cuales 0,20 puntos fueron subsidios dirigidos al AMBA y 0,06 puntos al interior, estimó Rafael Skiadaressis, economista especializado en transporte.
De acuerdo a los números del presupuesto presentado para 2024, el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País representaba $117.000 millones. Ese importe comprendía tanto la atención del atributo social federal como el reintegro de comisiones de la SUBE.
La molestia de Javier Milei
Pero ahora, el Ejecutivo decidió suprimir ese fondo y sumó más presión para las cuentas de las provincias. El Gobierno justificó la decisión en que está “cumpliendo con uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión” de disminuir las asistencias sobre la oferta -en este caso, las empresas- y concentrar las asistencias sobre los usuarios de forma directa. Es decir, que se seguirá asistiendo a las personas a través de la tarjeta SUBE con un descuento del 55% de la tarifa del boleto.
