En el encuentro estuvieron presentes las diputadas Victoria Luna Murillo, María Teresa Ferrin, María Eugenia Nieva, y Lourdes Navarro; y los diputados Carlos Amaya, Osvaldo Cuellar, Echavarri Sebastián, Santiago Jubert, Humberto López, Guido Luna, Marcelo Nasif, Rodolfo Nieto, Néstor Sanabia, Fabián Tejerina, y Ramiro Tizón. Acompañaron a la ministra, la Directora de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Susana Amador, quien además coordina la Unidad de Implementación del Proyecto GIRSU Jujuy; la directora de Planificación Estratégica y Proyectos Ambientales, Estefanía Sánchez Cuartielles, quien tiene a su cargo la iniciativa “Jujuy Verde: Carbono Neutral 2050”; el director de i Incendios de vegetación y emergencias ambientales, Alejandro Cooke; y el director de Educación y Comunicación Ambiental, Nicolás Herrera; además de equipos técnicos de cada una de estas áreas.
La ministra Zigarán, luego de destacar el rol de la Legislatura y particularmente del bloque integrado por las fuerzas políticas que conforman el Frente Cambia Jujuy “desde donde se vienen promoviendo debates destinados a mejorar las condiciones de vida de la población”, celebró la reciente sanción de la Ley N° 6230 de Cambio Climático para la provincia de Jujuy. Dijo al respecto que se trata de una norma que institucionaliza la estrategia gubernamental de lucha contra el cambio climático, conocida como Jujuy Verde, y que busca generar medidas concretas de mitigación de los efectos derivados del calentamiento global, así como las condiciones de adaptación en cada una de las regiones de la geografía provincial.
En este sentido, compartió con los legisladores y las legisladoras, los datos y la información sistematizada por los equipos técnicos de la cartera que lidera, respecto a la situación actual de la provincia en materia de cambio climático. Esto es, las emisiones de gases de efecto invernadero registradas a la fecha, discriminadas por sector; las medidas de mitigación y compensación a partir de la puesta en marcha de proyectos estratégicos, como Cauchari, pueblos solares, GIRSU, aplicación de la Ley 26.331 de conservación de los bosques nativos, entre otros.
“Dimos cuenta de la información que manejamos en relación con los escenarios posibles, las vulnerabilidades, los mapas de riesgo, los inventarios de gases de efecto invernadero, los esfuerzos que está haciendo la provincia en términos de reducción de gases de efecto invernadero”, precisó la ministra de Ambiente. Puso de relieve además que a pesar de que Jujuy es una de las provincias que menos GEI emite a la atmósfera, alrededor del 1% a nivel nacional, “tenemos un enorme compromiso para realizar grandes aportes en términos de reducción de las emisiones y de compensación y mitigación”.
Discusión federal de pago por resultados
La ministra Zigarán se refirió también a las discusiones federales que se llevan adelante en el seno del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), y que tienen que ver sobre todo con la intromisión de la Nación en competencias que le son exclusivas a las jurisdicciones provinciales.
Sobre este punto mencionó, por un lado, la necesidad de que las provincias cuenten con financiamiento para fortalecer la política de cambio climático, en función de los aportes que realizan, y de acuerdo de las competencias compartidas pero diferenciadas.
Dijo en este sentido que “hemos presentado hace tiempo ya una propuesta de ley de pago por resultados, que en este momento se encuentra en la Comisión de Cambio Climático, y pronta a pasar a la Comisión de Asuntos Legales para que luego sea presentada en Asamblea de COFEMA y obtenga un dictamen favorable como creemos que va a ocurrir porque las jurisdicciones provinciales son conscientes de la necesidad de contar con financiamiento climático”.
“La Ley Nacional N° 27520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático -insistió Zigarán- no previó un presupuesto para hacer frente a escenarios emergentes producto del cambio climático, por eso desde Jujuy, por mandato del gobernador Gerardo Morales, a través del Ministerio de Ambiente, y de nuestros diputados nacionales y senadores, vamos a llevar adelante el debate para que los fondos que reciba la Argentina sean distribuidos con criterios de equidad, justicia, y en función de los aportes y resultados que las jurisdicciones locales demostremos”.
Igualmente, mencionó que hay un avance de la Nación respecto a la aplicación de los presupuestos mínimos de la Ley 26331 para la protección y conservación de los bosques nativos. Dijo sobre esto que, a pesar de que la provincia de Jujuy recibió recientemente los fondos, hubo un intento de restringir la distribución, desconociendo la excelente performance que Jujuy ha demostrado en materia de rendición de cuentas por la aplicación de esos fondos, la transparencia y celeridad con la que se han distribuido. “Entendemos que en el fondo hay un debate por el desfinanciamiento de esta ley”, declaró Zigarán.
“Ocurre lo mismo –dijo también- con la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental a través de la cual la Nación quiere pasar por encima las competencias de las provincias, que son las que tienen jurisdicción sobre sus recursos naturales y sobre lo que ocurra en su territorio en materia ambiental”.
Educación Ambiental y Ley Yolanda
En otro orden, los equipos del Ministerio de Ambiente precisaron que se encuentran trabajando en dos normas vinculadas con la formación y capacitación ambiental: la Reglamentación de la Ley Provincial de Educación Ambiental (N° 6105), y la aplicación de la Ley Yolanda (N° 27512), a la cual adhirió la provincia mediante Ley N° 6222.
La primera de ambas leyes se encuentra en proceso de reglamentación, a partir del trabajo interministerial de las carteras de Ambiente y de Educación. En ese marco, se está actualizando además el Plan Provincial de Educación Ambiental que formará parte de dicha reglamentación, y que establece los contenidos prioritarios de educación ambiental para los próximos años.
Por otra parte, respecto a la Ley Yolanda que tiene como finalidad garantizar la capacitación en temas ambientales para funcionarios, funcionarias, y agentes de la administración pública, en todos los niveles y jerarquías, de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los equipos técnicos anticiparon que se están definiendo los contenidos epistemológicos y las unidades temáticas que luego serán sometidas a un proceso de socialización con instituciones vinculadas a la gestión ambiental, antes de iniciar el proceso de capacitación propiamente dicho.
En la reunión se dialogó también sobre algunas iniciativas normativas sobre las cuales viene trabajando hace tiempo la cartera de Ambiente: Declaración del gato andino como monumento natural provincial, la Ley creación de un régimen especial de los brigadistas de incendios forestales, la actualizacion de normas sobre bosques nativos, una ley de suelos, entre otras.
