El presidente Javier Milei tuvo que resignar varios de los artículos fundamentales de su proyecto de Ley Ómnibus para conseguir el apoyo de la oposición dialoguista y buscar la media sanción de la Cámara de Diputados a la espera de que el Senado complete el trámite legislativo antes del 15 de febrero cuando se cerrará el período extraordinario.
Entre los puntos que debió resignar el oficialismo están las emergencias públicas que fueron reducidas de 11 a 6 con la posibilidad de que queden en 5 si los diputados de la UCR, Hacemos Coalición Federal y los bloques provinciales rechazan las medidas reclamadas por la ministra Patricia Bullrich. Pero el principal golpe lo recibió cuando el ministro Luis Caputo tuvo que bajar el capítulo fiscal entero.
Tampoco pudo avanzar con aplicar retenciones a las economías regionales, ni tuvo margen para la reforma política y tuvo que reajustar su plan de privatizaciones.
Facultades delegadas
En su capítulo II del Título I, el texto de la Ley declara «la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025» y establece que «dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años».
En el debate en comisión se eliminaron algunas de las emergencias quedando en el camino las de defensa y sanitaria, mientras que en la última modificación se redujo a 6: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, pero el título de seguridad podría ser eliminado del proyecto.
En un principio, el Gobierno fijaba un plazo hasta el 31 de diciembre de 2025″ y establece que «dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años». Pero como parte de la negociación con la oposición se limitó el plazo y se fijó en 1 año con la posibilidad de prorrogable por otro año pero con autorización del Congreso.
Capítulo fiscal eliminado
El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el encargado de anunciar la eliminación del capítulo fiscal y dio de baja a ser cuestiones clave del plan económico del Gobierno para reducir el déficit. En el proyecto original Javier Milei eliminaba la fórmula de movilidad vigente y planteaba aumentos por decreto. Ante la resistencia de la oposición, el Ejecutivo había aceptado fijar una fórmula ajustada por inflación, pero que comenzaría a aplicar a partir de abril. Nunca se llegó a un acuerdo porque desde los dialoguistas advertían que se afectaban los ingresos de los jubilados.
De este capítulo se dio de baja el tema retenciones, que el Gobierno quería llevar a todas las economías regionales e industrias a pagar un 15 % por derecho de exportación. Además elevaba de 31% a 33 % los subproductos de la soja, como la harina y el aceite. Los gobernadores advertían que la medida iba afectar a las economías de sus provincias
Tampoco pudo avanzar con el blanqueo de capitales, que en la propuesta se permitía regularizar hasta US$100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos. Los gobernadores pretendían que sea coparticipable porque había impuestos que iban a llegar a las provincias y que con el perdón fiscal no los iban a recibir. Al bajarse el capítulo fiscal también se eliminó la moratoria, que promovía un régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social.
Sobre Bienes Personales, el proyecto proponía un pago anticipado de ese tributo por obligaciones de los próximos cuatro años y una baja gradual en las alícuotas. Y quedó afuera la reforma de Ganancias, que intentó renombrar como Impuesto a los Ingresos Personales y que se establecía para sueldos brutos desde $1.250.000 en caso de solteros sin hijos, y de algo menos de $ 1.900.000 en el caso de los casados con hijos.
Uno de los temas más discutidos es el plan de privatizaciones de la ley. El Gobierno tuvo que retroceder en su nómina de 40 empresas al sacar a YPF y establecer que no se privaticen al 100 % sino que se puedan volver mixtas otras empresas, como Arsat, Nucleoeléctrica y Banco Nación. Finalmente con el dictamen acordaron que sean 27 las empresas que serán sujetas de privatización, entre las que están Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Ferrocarriles Argentinos, Belgrano Cargas y los medios públicos entre otras. Además, el Gobierno aceptó que las privatizaciones sean segmentadas y la creación de una comisión bicameral de seguimiento que no será vinculante.
El Gobierno también tuvo que dar de baja el título “Consolidación de la deuda del sector público nacional”, vinculado con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad que el Gobierno quería trasladar al Tesoro para la cancelación total de las deudas intra sector público. Además aquellos instrumentos vinculados a acciones de empresas podrán ser vendidos para acumular divisas. Pero para avanzar con este proceso debía contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del seguimiento de las privatizaciones.
Eliminación de la reforma electoral y cambios en seguridad
Milei tampoco pudo avanzar con una amplia reforma electoral que incluía la incorporación de las circunscripciones uninominales, la eliminación de las PASO y la actualización de la composición de la Cámara de Diputados. Se dispuso que todo pase a ser discutido en el período ordinario, que comenzará a partir de marzo.
Otro de los artículos que fue dado de baja es el 331 de la Ley Ómnibus que exigía pedir autorización para una manifestación y definía que se trataba de la “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”.
Para completar se eliminaron los artículos que afectaban las Ley de Pesca y la idea de modificar la Ley de Quema y se incorporó un artículo que garantiza los recursos para el Fondo de Bosques.
